UNO DE ESOS LÍMITES

Esta imagen, que muestra víctimas Idlib, ha sido tomada por los medios internacionales de comunicación para ilustrar las consecuencias del uso de armas químicas en Siria en 2017.

El martes 4 de abril, aviones de guerra atacaron la localidad de Khan Sheikhoun, Siria. Acto seguido, paramédicos observaron personas ahogándose, desmayándose, o presentando vómitos. También se notaron casos de espuma alrededor de la boca. Diversas informaciones apuntaron a la utilización de armas químicas por parte del Gobierno de Bashar al-Ásad, quien negó su responsabilidad. Rusia, su más cercano aliado, indicó que el arsenal químico pertenecía a los rebeldes. No hay números precisos sobre el número de víctimas resultante de este nuevo episodio de utilización de armas químicas: algunos refieren a 58 muertos, mientras que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos apunta a 67 (y 300 heridos); otras fuentes cifran a más de 100 las víctimas mortales. Tampoco se sabe qué se utilizó, si bien se apunta al uso de Gas Sarín, un agente nervioso 20 veces más letal que el Cianuro, difícil de detectar. Los países occidentales dieron por un hecho el uso de armas químicas por parte del Gobierno sirio – Rusia sigue insistiendo que la autoría del hecho no es clara – y más temprano que tarde, 59 misiles crucero Tomahawk estadounidenses, lanzados desde navíos desplegados en el mediterráneo, atacaron la base aérea Sharyat (asociada al programa sirio de armas químicas).

Un acto ilegal e inmoral

El inicio del uso de armas químicas en el mundo contemporáneo tiene lugar hace poco más de un siglo, el 22 de abril de 1915, cerca de Ypres (Bélgica), cuando tropas alemanas lanzaron 180 toneladas de clorhídrico asfixiante a los aliados, intoxicando a 15,000 personas. La indignación de la opinión pública internacional fue tal, que diez años después, en 1925, se firmaba del Protocolo de Ginebra sobre las armas químicas y biológicas, el primer intento multilateral para impedir el uso de ese tipo de armas en contextos bélicos. El convenio es importante, si bien no penaliza la producción y almacenamiento de armas químicas (solo su uso). Además, muchos de los Estados que lo ratificaron se guardaron el derecho de usar estas armas contra los no firmantes, o como represalia si eran víctimas de armas químicas.

De hecho, durante la Guerra Fría, alrededor de 25 Estados desarrollaron armas químicas. Japón utilizó Gas Mostaza, Lewisita, Fosgeno, Cianuro, y otros durante su guerra contra China (1937-45). Entre 1961 y 1971, Estados Unidos lanzó 72 millones de toneladas de Agente Naranja para destruir los bosques en donde se ocultaban guerrilleros vietnamitas. Las enfermedades y trastornos genéticos causados por la dioxina afectan hoy a más de tres millones de personas. En 1988, Saddam Hussein, en el marco de la guerra Irán-Iraq (1980-88), bombardeó la ciudad de Halabja (Kurdistán Iraquí) con Gas Sarín, Tabún, Mostaza, y VX. Documentos publicados por Wikileaks señalan que Washington autorizó el uso de agentes químicos – fósforo blanco y uranio empobrecido – en Faluya (2004), durante la guerra en Iraq. Y en 2013 se denunció el uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Ásad, en Guta (suburbio de Damasco, la capital de Siria). Las víctimas se estiman a entre 281 y 1729. En esa ocasión, el Presidente Barak Obama aceptó no atacara Siria, a cambio de desarrollar negociaciones exitosas con Rusia para desmantelar el arsenal químico de al-Ásad.

También hay esfuerzos para eliminar la posibilidad que tales episodios se produzcan. En 1980, inició un proceso de negociación que llevaría a la firma, en 1992, de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenaje, y Uso de Armas Químicas y sobre su destrucción, conocida como la Convención sobre Armas Químicas (CAQ), que entró en vigencia el 29 de abril de 1997. El acuerdo es importante al menos por dos razones. Primero, prohíbe, como es el caso del Protocolo de Ginebra, el uso de agentes químicos en las guerras. Pero además, ilegaliza su producción y almacenamiento, e incluye medidas de verificación. El empleo de herbicidas como método de guerra es prohibido, y los Estados firmantes se comprometen no solo a no usar agentes químicos con finalidades bélicas, sino también a no desarrollar, ayudar, alentar o inducir a otros Estados a producir este tipo de armas. También se comprometieron a destruir los stocks existentes. Segundo, por primera vez se negoció un acuerdo multilateral, de aplicación universal, con un mecanismo de ejecución permanente – la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) – cuyo objetivo es la eliminación de una categoría de armas de destrucción masiva.

En suma, el uso de armas químicas es considerado una ofensa grave a nivel internacional. Siria ratificó la convención el 14 de septiembre de 2013, la cual entró en vigor en ese país el 14 de octubre de ese mismo año. La utilización de armas químicas convierte entonces a los autores del ataque en violadores de la convención. Además, pone al país en flagrante desacato de las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Recuérdese que el mismo ha solicitado implementar el Comunicado de Ginebra (2012), que busca crear un gobierno de transición de consentimiento mutuo con amplios poderes ejecutivos. También solicitó a las partes, en enero de 2016, asistir a “conversaciones de acercamiento” para discutir sobre un cese al fuego y un periodo de transición conducente a nuevas elecciones. Y si bien los ceses al fuego anunciados por Estados Unidos y Rusia (septiembre de 2016), así como Rusia, Irán y Turquía (enero de 2017) no surtieron ningún efecto, el uso de armas químicas no solo implica un fracaso en los intentos por resolver pacíficamente el conflicto, sino también una evidente escalada militar. Además, demuestra que el arsenal químico no ha sido desmantelado, como debía ser el caso a partir de 2013.

Una guerra compleja

Las raíces inmediatas del conflicto sirio se encuentran en la “Primavera Árabe” (2010-13), esa ola de democratización que se llevó a su paso a los regímenes de Hosni Mubarak (Egipto) y de Muamar Gadafi (Líbano). En Siria también, el pueblo se levantó contra un régimen autoritario, corrupto, iniciado por Háfez al-Ásad, en 1971, que no cumplía con las expectativas de la población. Pero aquí la represión fue inequívoca. Las protestas estudiantiles prodemocráticas de marzo de 2011 fueron seguidas de la represión, lo cual generó indignación nacional y el pedido de renuncia de Bashar al-Ásad. El gobierno respondió entonces con más represión. Acto seguido, la oposición se armó para defenderse, y también para expulsar a las fuerzas gubernamentales de sus regiones. El gobierno etiquetó entonces a estos grupos de “terroristas”, y escaló el conflicto. Hasta aquí, la violencia colectiva es una de exclusión política, común en diversos contextos de conflicto armado interno.

Pero la guerra civil se complejizó cuando se transformó en una pugna entre la mayoría musulmana sunita, opositora, y los chiitas alauitas, grupo al que pertenece el Presidente al-Ásad. Claro, definir las identidades en conflicto en estos términos, es reduccionismo, pues en la oposición se encuentran amalgamados desde revolucionarios moderados (Ejército Libre Sirio, ELS), hasta islamistas yihadistas ligados al Estado Islámico (EI). También se encuentra a Tahrir al Sham, el mayor grupo armado opositor después del EI. Además, los kurdos del norte, que son otro elemento identitario del conflicto a considerar (con implicaciones en Turquía) buscan asentar su control sobre el territorio donde se encuentran presentes.

El rol de actores externos también es importante. Irán, que es chiita, es uno de los más cercanos aliados de al-Ásad, y puede haber invertido miles de millones en asesoramiento militar y armas. Además, por Siria pasan armamentos que Teherán envía al Hezbolá (Líbano). Para contrarrestar esta situación, Arabia Saudita (rival regional de Irán) ha financiado a grupos rebeldes sirios (incluyendo a islamistas). Ante el avance de los kurdos (simpatizantes del proscrito Partido de los Trabajadores de Kurdistán) cerca de su frontera, Turquía decidió intervenir a favor de la oposición a los kurdos; dichos grupos también han logrado simpatía en Jordania y Qatar. Estados Unidos, por su parte, había evitado involucrarse más allá de su lucha contra el Estado Islámico. Y Rusia, como se indicó, es un fiel aliado de al-Ásad.

Ser o so ser (los policías del mundo): he ahí el dilema

Durante su campaña electoral, el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, advirtió que la superpotencia debería abstenerse de inmiscuirse en el conflicto sirio. Los Estados Unidos no son la policía del mundo. Hoy, el Secretario de Defensa, James Mattis, asegura que esa posición no ha cambiado. Los 59 misiles lanzados el 6 de abril pueden entonces ser vistos como un cambio radical en la posición aislacionista anunciada por Trump durante su campaña electoral, pero otros insisten en que es un operación cosmética que no tiene incidencia en el conflicto armado interno sirio. En todo caso, Damasco calificó el acto de Washington como “idiota” e “irresponsable”, contrario al derecho internacional (pues se trata de una agresión a un Estado soberano). Rusia apoyó esta tesis y congeló sus canales de comunicación con Estados Unidos. Irán señaló que el ataque puede reforzar los grupos terroristas, complicando la resolución de conflicto. Mientras “occidente” sigue bailando al ritmo de sus intereses geoestratégicos, para abril de 2016, la ONU estimaba que 400,000 personas habían muerto desde inicios del conflicto. A marzo de 2017, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos estimaba esta cifra a 465,000 los muertos; la ONU estimaba en ese mismo mes, que 4.8 millones de personas habían sido desplazadas. Se estima también que se requieren de USD 3,200 millones para ayudar a los 13,5 millones de personas urgidas de asistencia humanitaria dentro del país.

Otro momento habrá para discutir qué tanto cinismo, ignorancia, estrategia visionaria, o pragmatismo político refleja la operación estadounidense. Por ahora, el apoyo recibido de Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Francia, Israel, Japón, Reino Unido, y Turquía, señala que el movimiento de Washington fue el correcto. Washington ya se declaró dispuesto a repetir, incluso a ir más allá, si las condiciones lo ameritan. Ahora, más allá de las manipulaciones y oportunismos, que sin duda los hay – el realpolitik es inevitable aquí – usar armas químicas también es traspasar uno de esos límites trazados por el liberalismo, sobre el cual se base parte del sistema de cooperación multilateral internacional. Y en ese sentido, el ataque de Khan Sheikhoun no podía ni debía quedar impune. En el siglo XXI, ningún actor político debería contemplar, entre sus posibles acciones de guerra, el gasear ciudades repletas de población civil. Eso es, simple y sencillamente, inadmisible.

San José (Costa Rica), abril de 2017

EL TALÓN DE AQUILES # 21. CONSÚLTELO EN ALTAVOZ MÉXICO.

FUENTE

EL MANIFIESTO DE PAZ SOSTENIBLE (SEGUNDA PARTE)

El odio se aprende, y por lo tanto el amor también, de hecho con mayor facilidad. Nelson Mandela es heredero primario de Jean-Jacques Rousseau, quien afirmada que el humano es bueno por naturaleza.

El martes 14 de marzo de 2017, el Laboratorio Transnacional Paz Sostenible A.C. (LTPS), cumplió su primer año de existencia. Esta ocasión amerita retomar la reflexión que inicié en abril de 2016, en el Talón de Aquiles # 8, titulado “El manifiesto de paz sostenible (primera parte)”. Procedo entonces en dos vertientes. Por un lado, es central recordar por qué es importante reflexionar sobre la paz, y su sostenibilidad. No pretendo desarrollar aquí una cátedra al respecto y tampoco estoy seguro de poder hacerlo. Sí puedo afirmar que este es uno de los temas centrales de nuestro tiempo, si bien existen dos elementos que convierten esta reflexión, como explicaré a continuación, en una aventura abstracta y difusa. A pesar de ello, quisiera enumerar, en un segundo momento, algunos de los desafíos que debemos enfrentar los que deseamos trabajar a favor de la paz.

¿Por qué es importante reflexionar sobre la paz sostenible?

La paz ha preocupado a filósofos por milenios, si bien el carácter abstracto y difuso hace de esta, una ardua aventura. Por un lado, existe la crítica del idealismo: el pacifismo es un movimiento ingenuo, que no toma en cuenta el hecho que los protagonistas sociopolíticos son racionales y egoístas. La guerra ha existido desde que el ser humano puso los pies sobre el planeta; el mundo en el que vivimos hoy es el resultado de esa realidad. Desde esta perspectiva, los intereses, tanto en política interna como internacional, explican nuestra tendencia a la violencia. Múltiples ejemplos, sin embargo, en diversas áreas del quehacer humano, muestran que esta afirmación no es tan certera, y que sí es posible pensar en un mundo articulado alrededor de la cooperación internacional. El hecho que el “egoísmo racional” guíe mucho del comportamiento humano, no implica que el mismo se guíe exclusivamente por el egoísmo.

Si nos hubiéramos rendido ante esta supuesta “cruda realidad”, no existiría hoy una Organización de Naciones Unidas (ONU) la cual, a pesar de sus múltiples debilidades, sigue presentándose como un baluarte de los que pensamos que un mundo mejor es posible. Son 97,000 Cascos Azules, provenientes de 110 países grandes, pequeños, ricos y pobres, los que en 2017 se encuentran desplegados en 16 operaciones de paz alrededor del mundo. Hoy, si bien los conflictos armados internos siguen cobrando muchas vidas, demasiadas, la guerra entre Estados a prácticamente desaparecido. Esta cooperación no se limita al nivel político. En el ámbito científico, uno de los mayores logros en ingeniería, la Estación Espacial Internacional, y que es el fruto de la cooperación entre la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), la Agencia Espacial Rusa (FKA), la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA), la Agencia Espacial Canadiense (CSA), y la Agencia Espacial Europea (ESA), pasa por encima de nuestras cabezas más de 15 veces por día, a una velocidad de 27,743 kilómetros por hora. Si esto no ejemplifica cooperación internacional a favor del progreso humano, entonces que alguien me explique de qué se trata. Es decir, no es fácil cooperar, pero se puede, y ejemplos reales y concretos existen para sustentar esta posición.

Por otro lado, hablar de construcción paz es difuso, pues existen múltiples formas de violencia que se erigen como obstáculo. Si se focaliza exclusivamente en violencia letal, es decir en las muertes, es fácil perderse en los análisis de las dinámicas de la violencia colectiva en cualquiera de sus formas. Ya sea violencia política (que enfrenta Estados represores a guerrillas y otros grupos armados), violencia social (que puede tomar la forma de genocidios, limpieza ética, etc.), o violencia económica (principalmente causada por el crimen transnacional organizado), el análisis no es fácil. Pero si, además, incluimos otros tipos de violencia – la de género (contra las mujeres y poblaciones sexualmente diversas), la simbólica (discriminación y otras exclusiones basadas en características étnicas o socioeconómicas), el maltrato a personas de la tercera edad, a los animales, etc. – entonces nunca terminamos. Alcanzar la paz significa entonces luchar contra esos comportamientos. Es decir, la “paz sostenible” implica una revolución que debe abarcar al ser humano en todas sus dimensiones. La opción contraria, es decir no hacer nada porque es iluso pensar que se puede cambiar, no es éticamente factible. No solo implica aceptar tanta injustica y maltrato, sino que además incurrimos en una contradicción ética: vivimos, y muchos de nosotros defendemos, un mundo en donde el universalismo de nuestra moralidad nos enseña que todos los seres humanos somos iguales. Habría entonces que actuar consecuentemente.

¿Por dónde comenzar?

En la abstracción de lo general, es posible argumentar que es vital extender los valores del cosmopolitismo, los cuales se nutren del pensamiento estoico greco-romano, y que encontraron en Kant a un aliado importante. Debemos ser prudentes y adherir a valores propios de la humanidad. Debemos alejarnos de los nacionalismos insensatos. Para ello, debemos comenzar aceptando el precepto publicado en 1762 por Jean-Jacques Rousseau, en su novela “Emilio o de la educación”, según el cual el ser humano es “bueno por naturaleza”. Argumenta Rousseau que, si no fuéramos oprimidos por la educación tradicional y corrompidos por la sociedad, estaríamos todos orientados a hacer el bien. ¿Idealismo? Tal vez ese sea el caso, pero tal vez no. En su libro “Camino hacia la Libertad”, Rolihlahla, llamado cariñosamente en Sudáfrica Madiba, pero quien es mejor conocido a nivel internacional por el nombre que adoptó para poder asistir a la escuela – Nelson Mandela – señalaba: “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar, el amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario”. Sudáfrica sigue siendo, a pesar de todo, un modelo de transición pacífica hacia la democracia. ¿Amor y Paz? Tal vez, pero con resultados concretos.

¿Cuál es el punto? Cuando el planeta explote, ya sea por el cambio climático, porque alguna de las armas nucleares detone por abandono o por haber caído en manos de un grupo/red transnacional radical, o porque las desigualdades sociales han llegado a un punto insostenible, poco importará si somos japoneses, marroquíes, o turcos. Todos estamos en el mismo barco, y aunque vivamos creyendo que solo en el comercio nos liga, la verdad es que somos más interdependientes de lo que pensamos: nuestro futuro, y el de las especies que nos acompañan, depende de las acciones que, como colectividad, tomemos hoy. Pensar en términos de “paz sostenible” es entonces importante al menos en tres sentidos. Primero, es un acto político, pues al hacerlo, estamos indicando que, a pesar de los intereses particulares de múltiples actores, se debe ir más allá. Se trata un necesario e impostergable acto de rebeldía, de juventud e ingenuidad, ante el cinismo que nos ahoga. Segundo, es un acto de humanidad y humildad. Se trata de reconocer que nuestro interés racional y egoísta nos llama a vivir en ambientes que garanticen la seguridad. Desarrollar arquitecturas segregacionistas que esconden lo feo, es decir la pobreza, para mostrar solo lo bonito (esto aplica a nivel local e internacional) no implica seguridad. La paz sostenible incluye también proteger el medio ambiente y las especies animales, pues no hay economía que aguante un planeta desarreglado.

Pero todo esto es abstracto. ¿Por dónde comenzar en lo concreto? Cuatro son los principales retos del LTPS en lo inmediato. Primero, es fundamental conseguir financiamiento estable que permita desarrollar proyectos concretos en aspectos específicos del quehacer humano ligados de forma directa o indirecta a la generación de espacios de paz. El reto es de talla, pues la cooperación usualmente privilegia la generación de logros el corto plazo, en una lógica de eficiencia en la gestión financiera. De lo que se trata es de circunscribir estas iniciativas “fragmentadas” en una visión holística que permita cumplir con el cortoplacismo sin perder de vista el largo plazo. Segundo, hay que quebrar la lógica de competencia entre las entidades gubernamentales, no-gubernamentales, y la academia. Hay que generar genuinos espacios de convergencia interinstitucional. El LTPS es una iniciativa independiente, interinstitucional y multidisciplinaria, y por ello requerimos de la cooperación para crecer. Debemos actuar en esta dirección sin caer en líneas partidarias o políticas que a veces, por no decir a menudo, impregnan el quehacer de las entidades públicas y privadas. Tercero, el elemento transnacional, que implica la adopción de una perspectiva “glocal” (intersección entre lo global y lo local) es central, pues en el mundo contemporáneo, lo global tiene incidencia local, y viceversa. Cuarto, debemos pasar de la teoría a la práctica. Lo afirmaba el año pasado y lo vuelvo a afirmar hoy: uno de los retos de nuestra generación es ejecutar ideas que cambien el mundo en el que vivimos: diagnósticos tenemos de sobra; lo que hace falta es actuar, y hacerlo asertivamente.

Epílogo (un poco menos preliminar que el del año pasado)

Ser “cosmopolita” o considerarse “ciudadano del mundo” no significa viajar mucho, ser “internacionalista” o tener diferentes nacionalidades. Ni siquiera implica ser multicultural. El cosmopolitismo es despojarse del nacionalismo que tanto daño ha hecho, dejar de cantar himnos y de envolverse en banderas, y priorizar la adhesión a la humanidad. Primero soy humano; luego puedo ser costarricense, francés, gay, norcoreano, rico, pobre, latino, asiático, bisexual, conservador, mujer, o revoltoso. Implica también reconocer que los intereses individuales no se pueden alcanzar si no existe una garantía de supervivencia en paz, la cual, como especie, debería ser considerada nuestro más importante interés colectivo. Invito a todos los que se deseen sumar a esta iniciativa, a acercarse a nosotros. Las necesidades son múltiples, los recursos escasos, pero la acción colectiva organizada es necesaria. Por algún lugar se empieza, y este puede ser un buen inicio. Termino esta segunda parte del manifiesto de paz sostenible igual que el año pasado: hago un llamado para que seamos, más que expertos en construcción de paz, verdaderos constructores de paz. Mayor información sobre el LTPS es accesible en nuestro sitio web, el cual debería entrar en funcionamiento muy pronto, por la página Facebook (@pazsostenible.org), la cual está en actividad desde febrero de 2017. También nos pueden escribir a: info@pazsostenible.org

Cholula (México), marzo de 2016.

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PAZ EN COLOMBIA: ¿COLOMBIA EN PAZ? DEL DICHO AL HECHO, HAY MUCHO TRECHO

Colombianos inician las celebraciones por la finalización de 52 años de conflicto armado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).Y se hizo la paz… El 24 de agosto, representantes del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) anunciaron la consecución, después de cuatro años de negociaciones, de un pacto final de paz. Son 52 años de conflicto, que probablemente generaron más de los 220,000 muertos, 45,000 desaparecidos, y 5 millones de desplazados contabilizados, los que hoy podrían estar terminando. En esta tercera (y última) entrega de esta serie del Talón de Aquiles dedicado al proceso de paz en Colombia, detallo la descripción sobre lo acordado ya iniciada en el artículo anterior e identifico algunos de los retos más apremiantes en el corto plazo para avanzar en el camino del establecimiento de una paz sostenible.

El Acuerdo General de Paz, cuyo nombre oficial es “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” es el resultado de seis acuerdos parciales alcanzados a lo largo de los últimos cuatro años: el de “Reforma Rural Integral” (26/05/2013), el de “Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz” (6/11/2013), el de “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” (4/05/2014), el de “Víctimas” (15/12/2015), el de “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas” (23/06/2016), y el de “Mecanismos de implementación y Verificación” (24/08/2016). En el acuerdo definitivo no aparecen los pactos parciales necesariamente en el orden cronológico en el que fueron firmados, lo cual se explica por el imperativo de dotar de coherencia al texto final. Conviene también recordar que la negociación fue compleja. El acuerdo de cese del fuego, por ejemplo, contiene dos sub-acuerdos: el de “Reincorporación de las FARC-EP a la Vida Civil – en lo Económico, lo Social, y lo Político – de Acuerdo con sus Intereses”, y uno con un nombre un tanto largo: el de “Garantías de seguridad y lucha contra las Organizaciones Criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra Defensores de Derechos Humanos, Movimientos Sociales, o Movimientos Políticos, incluyendo las Organizaciones Criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del Paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Los acuerdos son complementados por una serie de anexos. Declaran los negociadores que en su conjunto, este marco es un “todo indisoluble”.

¿Qué se firmó?

El acuerdo de desarrollo agrario se enfoca en corregir lo que las FARC-EP interpretan como las “causas históricas del conflicto”, ligadas a la necesidad de una reforma agraria. Por ello, crea una “Jurisdicción Agraria” para proteger derechos de propiedad, entregar predios a los “sin tierras”, formalizar las fincas de pequeños y medianos propietarios, e implementar programas de reconversión productiva (desarrollo con enfoque territorial). Los planes tienden a borrar las brechas entre el mundo urbano y el rural, pues son guiados por lineamientos del uso del suelo y financiados por esquemas de crédito y estímulo a la productividad (entre ellos la economía social solidaria). El acuerdo también busca garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.

El pacto de participación política abre el sistema a la participación de nuevas fuerzas. Resalta la aceptación, por parte de las FARC-EP, de la democracia como un sistema legítimo. También llama la atención el énfasis para promover la inclusión de las mujeres en la política activa y la idea de establecer sistemas de “alerta temprana” y “planes de evacuación” para salvaguardar la vida de la reinsertados. Estas dos últimas medidas son comprensibles si se recuerda la masacre a las que fueron expuestos los líderes de la Unión Patriótica durante los años 1980. Además, crea el pacto “Circunscripciones Especiales de Paz” para que las regiones más golpeadas por el conflicto puedan elegir legisladores bajo un régimen especial. Falta determinar cómo entienden las FARC-EP la “democracia”, si bien la referencia a la participación ciudadana comunitaria y regional, y a las veedurías ciudadanas, entre otros, sugiere una concepción más cercana a la democracia “participativa”.

El acuerdo sobre la cuestión de las drogas parte de la premisa que las causas del conflicto no tienen que ver con el narcotráfico. Dicha concepción se contrapone a la que se ha venido manejando por las autoridades gubernamentales al menos durante los últimos quince años. Además, el acuerdo propone un plan de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos ideado por autoridades nacionales, regionales y locales, para que las comunidades inmersas en esta economía ilegal puedan reconvertirse. Paralelamente, se plantea abordar el consumo de drogas como un asunto de salud pública (lo cual implica crear un sistema nacional de atención para favorecer la rehabilitación y reinserción social de los consumidores). Se propone también focalizar las políticas de lucha contra el crimen organizado en las altas esferas y en el lavado de activos. En una referencia implícita al Plan Colombia, señala el acuerdo que esta política debe estar guiada por los principios de soberanía nacional y de no intervención extranjera en los asuntos del Estado colombiano.

El acuerdo sobre víctimas crea una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la no Repetición. Se crea también una Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, se fortalece el programa de reparación integral para víctimas de la violencia  y se establece una Jurisdicción Especial para la Paz. Dicho organismo es autónomo y, con la idea de contribuir a la verdad y la reparación, se concentra en indagar delitos de lesa humanidad, genocidio, y crímenes de guerra (toma de rehenes, tortura, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, y violencia sexual, entre otros). En fin, las garantías de no repetición se relacionan con cambiar las condiciones sociales, económicas, y políticas que causaron el conflicto y que lo han alimentado durante décadas. Mención especial merece aquí la lucha contra la impunidad, tan presente en Colombia como en otros países de la región, y a la cual me referiré, con mayor detalle, en otra ocasión.

El acuerdo sobre el fin del conflicto establece una hoja de ruta para que el proceso de desarme y desmovilización, bajo la responsabilidad de la ONU y de representantes del Gobierno y de las FARC-EP, haya finalizado a más tardar 180 días después de la firma del acuerdo final. Se autoriza el despliegue de observadores desarmados de países miembro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Se ordena a al Ejército reorganizarse para dejar pasar a las columnas de las FARC-EP hacia una de las 23 zonas de concentración designadas para la “transición y la normalización”. Se trata de zonas desmilitarizadas en donde las ordenes de captura quedan sin efecto, y en donde se prohíben, salvo algunas excepciones, militares o guerrilleros armados. Y, por supuesto, se establece un mecanismo de solución de controversias. El pacto contiene también compromisos para facilitar la conversión de las FARC-EP en partido político (disposiciones legales, de financiamiento, acceso a medios, seguridad, representación, creación de un centro de pensamiento, etc.), clarifica el camino que deben seguir los niños soldados que salgan de las zonas de concentración, y otros. En fin, se crean medidas de seguridad contra posibles sabotajes por parte de grupos ligados a los antiguos paramilitares, previsión comprensible si se recuerdan los sabotajes por parte de estos grupos a los que estuvo expuesto el proceso de paz impulsado por el Presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

En fin, el acuerdo de implementación y verificación establece la “Comisión de Implementación, Seguimiento, y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, la cual quedó instalada al día siguiente de la firma final de paz. Este acuerdo focaliza en los elementos logísticos del acuerdo de paz.

Lo difícil comienza ahora

Es momento de celebrar con optimismo. El acuerdo es inédito en múltiples aspectos. Hablar de “reforma agraria” en Colombia es, en sí, revolucionario, y constituye un cambio retórico profundo en las élites políticas del país. Proponer tratar el tema del consumo de drogas como un asunto de salud pública está en línea con las tendencias de buscar nuevos enfoques para tratar el tema sin “criminalizarlo” y alejándose de las restrictivas consideraciones de “seguridad”. Indicar explícitamente que se requieren garantías de no-repetición equivale a reconocer implícitamente que de poco sirve pactar, desarmar, desmovilizar, y reinsertar si poco tiempo después hay rearme, movilización, y reactivación de grupos armados no-estatales. Y hablar de equidad de género, incluir una reflexión sobre el multiculturalismo en Colombia, y mencionar explícitamente los derechos de la comunidad LGBTI, constituyen, en mi opinión, innovaciones sustanciales en materia de diseño de acuerdos de paz.

La celebración, sin embargo, debe ser sobria, y el optimismo mesurado, pues lo difícil comienza ahora. El camino a la paz está plagado de violencia. El proceso, por supuesto, es vulnerable. Primero, existe una fuerte y dinámica oposición al mismo, la cual indica que la justicia transicional – el “Tribunal del Terrorismo” como lo llaman – dejaría crímenes sin castigar. Los acuerdos señalan que quienes admitan haber cometido delitos como secuestro y ejecuciones recibirían penas reducidas. Crímenes menos graves, como el tráfico de drogas, podrían también ser amnistiados (si bien el pacto identifica casos en donde no aplica la amnistía). Se trata aquí del clásico vaivén de los procesos de paz, muy delicado por cierto, entre justicia y perdón. Todos no pueden ser encarcelados, pero tampoco se debe permitir que crímenes graves queden impunes. La oposición también señala que la reinserción premia la militancia armada. Concretamente, el expresidente Álvaro Uribe indica que el proceso desacredita a la democracia y legitima a insurgentes que no tienen razón de ser, pues no lucharon contra un régimen autoritario como los existentes en la América Latina de antaño. La campaña del plebiscito se anuncia entonces intensa, entre un Gobierno creíble a nivel internacional pero impopular a nivel interno, y una oposición poco creíble a nivel internacional pero popular en el país.

En cuanto a las FARC-EP, uno de sus principales retos es salvaguardar su cohesión. En marcos de pacificación, no es extraño observar fraccionamientos internos entre aquellos que respetan lo negociado y los que no. Así ha sucedido en África, en Centroamérica, así sucedió en Colombia en el pasado, y puede volver a suceder. El punto es garantizar que la mayoría adhiera al proceso, que la disidencia sea insignificante. Pero ello no es necesariamente fácil. Una guerrilla constituida hoy por los nietos de sus fundadores, por personas que nacieron, crecieron, y se educaron en la selva, en un ambiente militar, y cuyas redes sociales están intrínsecamente ligadas a la insurgencia, no se irán simplemente a un pueblo para fundar un restaurante o una zapatería. O, más exactamente, tal vez es eso lo que el proceso de paz pide a muchos de estos exguerrilleros. La “reinserción” social nunca es fácil; aun menos lo es cuando más bien se trata, en muchos de los casos, de una “inserción”. Además, el peligro de ser asesinado en el proceso es real. Y, por supuesto, existe el reto de aprender a ser un “político”: no es lo mismo ser un guerrillero que lucha por un proyecto de sociedad revolucionario, que ser un político “insertado” en el sistema, y que busca reformas paulatinas. El Frente Primero de las FARC-EP (Provincia de Guaviare) ya indicó que una de sus facciones no se adhiere al proceso.

Procesos de Paz de Colombia (tercera parte)

Este proceso demuestra que en Colombia solo tienen éxito las iniciativas de paz en las cuales los insurgentes ya habían decidido dejar las armas antes de sentarse a negociar. En decir, la voluntad de desarmarse en este país no es un resultado de procesos de paz (como sí lo es en otros casos), sino un requisito para iniciarlos. Ahora, este proceso tiene especificidades que merecen ser mencionadas. El acuerdo tiene una programación clara, un rol bien establecido para la verificación internacional, y protocolos concretos que indican cómo implementarlo. En ese sentido, se trata de una propuesta seria. Además, parece generar apoyo de las instituciones nacionales. El 19 de julio, la Sala Constitucional aprobó el plebiscito para la paz y se fijó su fecha de realización para el 2 de octubre. Indicaron los magistrados que el resultado es vinculante para el Presidente (no así para los otros poderes públicos). A nivel financiero – uno de los retos de la reconstrucción en todo post-conflicto es el financiamiento – el Gobierno de Colombia suscribió un crédito externo con el Banco de Desarrollo Alemán de hasta USD 100 millones para financiar temas de paz durante diez años. La Unión Europea está también considerando la posibilidad de crear un fondo fiduciario para ayudar con las tareas de establecer una paz sostenible.

Como lo indiqué en mis anteriores entregas sobre este tema, no se entra a una etapa de “post-conflicto” hasta que no haya un acuerdo de paz definitivo con todos los actores armados, lo cual incluye en este caso al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que hoy en día sigue activa.  En marzo, el Gobierno y los elenistas anunciaron el inicio de una negociación paralela al de las FARC-EP. Parece entonces haber conciencia sobre la importancia de evitar un escenario de “paz fragmentada”. En la actualidad, sin embargo, el proceso está en un punto muerto. De hecho, se sabe que algunos de los guerrilleros de las FARC-EP, que no aceptan la desmovilización, han decidido “pasarse” al ELN. En suma, si bien es cierto que del dicho al hecho hay mucho trecho, vale la pena aceptar el reto de convertir lo dicho en hecho, aunque haya que caminar con cuidado para no terminar maltrecho. Por una Colombia en Paz, si pudiera yo votaría “Sí”.

Ciudad de México (Septiembre de 2016)

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PAZ EN COLOMBIA: ¿COLOMBIA EN PAZ? DE LA GUERRA VERDADERA HACIA UNA PAZ FRAGMENTADA

El Presidente de Colombia, Andrés Pastrana, y el fundador de las FARC-EP, Manuel Marulanda “Tirofijo”, durante el proceso de paz del Caguán (1998-2002).

Los tambores de guerra han callado. En la calle, líderes sociales afirman que la paz es inminente. Y sin embargo, queda todavía tela por cortar: el rol de las Fuerzas Militares en el post-conflicto no fue discutido durante este proceso de paz, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue activo, y no queda claro si el Estado colombiano entrará a generar legitimidad a aquellas zonas hasta hoy controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP). En esta segunda entrega del “Talón de Aquiles” dedicado al proceso de paz en Colombia, exploro el concepto de “paz fragmentada”, y completo el sobrevuelo de los procesos de paz en ese país.

Una paz fragmentada: procesos de paz en Colombia (segunda parte)

El régimen político colombiano entró en un nuevo periodo en 1991 con la aprobación de la nueva constitución que sustituye la de 1886. El nuevo orden formalizó la eliminación de los rezagos institucionales del Frente Nacional y permitió la incorporación al sistema político del M-19, del Ejército Popular de Liberación (EPL), del Movimiento Armado Quintín Lamé (MAQL) y de la Corriente Renovación Socialista (CRS). El proceso es considerado como “exitoso”, a pesar que el nuevo marco democrático y pluralista colombiano no impidió la continuación del conflicto armado. El ELN siguió activo y las FARC-EP experimentaron un crecimiento como nunca antes visto. Además, aunque la historia oficial indica que el EPL se desmovilizó en 1991, 20% de sus efectivos se negó a hacerlo. En 2013 todavía existían remanentes activos (cerca de 200 combatientes) en Catatumbo (Norte de Santander). Y también se expandieron los paramilitares quienes, de la mano de su líder, Carlos Castaño, fundaron en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Algunos acercamientos, en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México), tuvieron lugar en 1992 y 1993. Sin embargo, son dos los procesos de paz que se desarrollaron en los quince años posteriores a 1991. El primero, con las FARC-EP, fue liderado por el Presidente Pastrana (1998-2002) y fue acompañado por gobiernos de diversos países, organizaciones internacionales, y miembros de la sociedad civil. El mismo, que fue considerado durante años como la última oportunidad de las FARC-EP para salir de la guerra, terminó en un rotundo fracaso. En febrero de 2002, luego de casi cuatro años de diálogos caracterizados por sabotajes (por parte de las FARC-EP, el ELN, y paramilitares), de desconfianzas del Ejército (ante la desmilitarización de una zona para adelantar las conversaciones), de presiones de Washington (que ya pensaba en un “Plan Colombia”), el Presidente dio por concluido el proceso. La gota que derramó el vaso fue el secuestro por parte de las FARC del senador Jorge Géchem. Queda así deslegitimado el diálogo, como de hecho lo demuestra la popularidad alcanzada por la mano dura defendida por Álvaro Uribe en la campaña electoral de 2002. El segundo proceso de paz, desarrollado durante el primer periodo presidencial de Uribe (2002-2006), permitió la desmovilización de cerca de 30,000 efectivos de las AUC. El proceso generó severas dudas, pero fue acompañado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante este tiempo, se vivió en Colombia, en el mejor de los casos, una “paz fragmentada”, es decir un contexto en donde se logró desarmar, desmovilizar, y reinsertar (DDR) varios de los actores armados mientras que otros se reforzaron y continuaron con el conflicto armado. A decir verdad, la tal “paz fragmentada” es en realidad un eufemismo, pues no hay paz cuando actores armados siguen usando la violencia para avanzar sus objetivos políticos.

Un proceso serio

Se sabe que el gobierno de Álvaro Uribe, por medio del Comisionado de Paz, Frank Pearl, buscó negociar clandestinamente con las FARC en condiciones similares a las actuales (sin cese al fuego y creando zonas de distensión). Sin embargo, es en 2011 que el Presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) anuncia a las FARC-EP su intención de retomar los acercamientos, lo cual desemboca en dos reuniones exploratorias, secretas, que tienen lugar en Cuba. El Gobierno y las FARC-EP elaboraron una agenda para establecer los parámetros que regirían encuentros posteriores. El Gobierno nombró entonces a Frank Pearl, Sergio Jaramillo, a Humberto de la Calle, y a Enrique Santos en su delegación; más adelante, se sumó Luis Carlos Villegas, Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo. Las FARC designaron a Iván Márquez, Mauricio Jaramillo, Marcos Calarcá, Rodrigo Granda, y Andrés París. Luego, se designó a Cuba y a Noruega como países garantes y se solicitó a Venezuela y Chile fungir como facilitadores. Entre febrero y agosto de 2012 se organizaron diez sesiones preparatorias y en septiembre, el Presidente Santos dio a conocer a la luz pública estos intercambios.

La agenda de negociación se articuló alrededor de cinco puntos: política de desarrollo agrario integral; participación política; fin del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; y determinar quienes son víctimas del conflicto armado. El primer acuerdo parcial, el de la política de tierras y desarrollo agrario, se logró seis meses después de iniciado el proceso, el 26 de mayo de 2013. Se discutió problemas como el acceso y uso de la tierra, la formalización de títulos de propiedad, la protección de reservas, el diseño de programas de desarrollo (infraestructura, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza) con un enfoque territorial. El segundo acuerdo, que versa sobre la participación política de las FARC-EP en el post-conflicto, llegó luego de 16 rondas de negociaciones, el 6 de noviembre de 2013. Se trata, entre otros, de garantías de protección para los exguerrilleros que deseen vincularse a la política. El 4 de mayo de 2014 se alcanzó un acuerdo en el tema del narcotráfico y cultivos ilícitos. Entre los puntos debatidos se encuentran el desminado, la entrega de rutas, estrategias para bajar el consumo de drogas, la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito, y la suspensión de las fumigaciones con glisofato. En septiembre de 2015 se acordó crear un sistema de justicia transicional con una jurisdicción especial de paz que investiga, juzga, y sanciona delitos relacionados al conflicto armado. El objetivo es que haya verdad, justicia, y reparación a las victimas, es decir, que no haya impunidad. El 23 de junio de 2016 se firmó el acuerdo sobre el cese al fuego bilateral y definitivo.

Poco se sabe sobre el proceso en sí, lo cual no es extraño. Las negociaciones de paz que han sido exitosas en otras partes del mundo han contado con una estrategia de relaciones públicas que limita la circulación de la información. O sea, contrariamente a otros procesos colombianos, en esta ocasión no se hizo un “espectáculo público”. El proceso ha sido serio, ha sido apoyado por partidos políticos colombianos de (casi) todo el espectro ideológico, entre ellos el Polo Democrático Alternativo, Marcha Patriótica, y otros movimientos progresistas, el Partido Liberal, el Verde, campesinos, estudiantes, indígenas, empresarios, y líderes religiosos. Solo el “uribismo” (corriente política a favor del expresidente Álvaro Uribe) y algunos sectores afines al partido conservador se han manifestado en contra, aduciendo que no se puede negociar si no se solicita como pre-requisito un cese al fuego y que el Marco Jurídico para la Paz podría eximir a guerrilleros acusados de crímenes de lesa humanidad de sus responsabilidades. Pero dichos grupos se encuentran aislados, sobre todo a nivel internacional: 47 países (incluyendo los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU) han manifestado su apoyo al proceso de paz. Del mismo modo, entidades como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Unión Europea, y organizaciones como Human Rights Watch, ven con buenos ojos las negociaciones.

La firma del acuerdo no solo es un punto de llegada; también es un punto de partida

Para varios observadores, la “verdadera Guerra” de las FARC-EP inició en 1982 cuando, durante su sétima conferencia, el grupo guerrillero se planteó convertirse en un ejército popular. Durante los siguientes veinticinco años, las FARC crecieron exponencialmente. Pero también ascendieron los paramilitares, el narcotráfico se convirtió en una problemática transversal (que afectó a todos los actores en conflicto, incluyendo al Estado), y la población se cansó de hablar de paz. Hacia 2008, luego de la desmovilización de las AUC, de la muerte del líder fundador de las FARC, Manuel Marulanda “Tirofijo”, de la captura de varios miembros del Estado Mayor Central, y de la persistente imagen que borraba la diferencia entre guerrilleros y narcotraficantes ante la opinión pública nacional e internacional, quedó claro que los “mejores tiempos” de las FARC-EP habían quedado atrás. La negociación así se convirtió en una necesidad.

El proceso de paz actual excluye al ELN, y por ello es difícil argumentar que tiene la posibilidad de generar una “paz integral”. A pesar de ello, este intento es inédito al menos a dos niveles. Primero, el congreso aprobó el “Acto Legislativo para la Paz”, que permite que se incorporen rápidamente los acuerdos al régimen legal y constitucional, posibilitando que el Congreso simplemente apruebe o repruebe las reformas que presente el Presidente. Segundo, se prevé un mecanismo de refrendación, el cual se hará por medio de un plebiscito que debe tener lugar antes que acabe el año 2016. El umbral aprobatorio se ha establecido al 13% (4,5 millones de votos). Este es el siguiente round de los luchadores por la paz: asegurarse que los acuerdos de paz definitivos sean apoyados por la población. La batalla no está ganada, como lo demostró Guatemala en 1999, cuando se perdió el referéndum que validaba muchas de las reformas pactadas por los acuerdos de paz de 1996. En Colombia, si bien la mayoría manifiesta actualmente que votará a favor de los acuerdos, debe recordarse que la popularidad de Santos está por los suelos – se sitúa actualmente en el 25% – y que la mayoría se ha manifestado en contra del proceso de paz. A pesar de ello, la esperanza está en el hecho que los colombianos prefieren hoy aprobar un “mal acuerdo” a que continúe una “buena guerra” la cual, desde hace tiempo se sabe, nadie es capaz de ganar.

Cali (Colombia) y Ciudad de México (México), Julio y agosto de 2016.

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PAZ EN COLOMBIA: ¿COLOMBIA EN PAZ? EL CONFLICTO ARMADO EN SU PRIMERA FASE

A inicios de los años 1960, Pedro Antonio Marín Marín, alias “Manuel Marulanda” o “Tirofijo”, fundó las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC)

El 23 de junio de 2016 se firma en la Habana, Cuba, el cese al fuego entre el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). ¿Estamos siendo testigos del fin de un conflicto armado interno de más de medio siglo de existencia (52 años para ser exactos)? Para entender el significado de dicho acuerdo, conviene recordar las raíces históricas del conflicto y hacer un repaso de las intentos (abortados y “exitosos”) para alcanzar la paz en Colombia. Solo así podremos evaluar sus prospectos de éxito. Naturalmente, esta labor no se puede realizar en un corto artículo de opinión, por lo que dedicaré varias columnas al tema. Este mes muestro las particularidades históricas de la primera fase de este conflicto. Más adelante, revisaré los obstáculos a la paz, analizaré la historia de este proceso, y disertaré sobre sus probabilidades de “exito”.

Las particularidades del conflicto armado colombiano

Durante la Guerra Fría, se desarrolla en el “Tercer Mundo” lo que se identifica como “Guerras de Baja Intensidad”. Se trata de enfrentamientos militares entre grupos armados patrocinados por las superpotencias – los Estados Unidos (EEUU) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) – y Estados soberanos, pero cuyos efectos se limitan a nivel local. Para algunos, estas son guerras idealistas, sobre todo si se compara con la violencia étnica, la cual parece a primera vista irracional (los genocidios en la antigua Yugoslavia y Ruanda son dos claros ejemplos al respecto), y a la “narco-violencia”, alimentada supuestamente por la codicia y el egoísmo individual de criminales que buscan enriquecerse a toda costa. En los “años dorados”, señala la versión romántica del guerrillero asociada al Che Guevara, se defendían ideales progresistas solidarios ligados entre otros a la justicia social.

En América Latina, la mayoría de esfuerzos revolucionarios fueron de “izquierda” (contra dictaduras “de derecha”), aunque también hubo esfuerzos contrarrevolucionarios, es decir de grupos armados apoyados por la derecha, que se levantaron contra gobiernos de izquierda ajenos a la definición convencional de democracia. Esta imagen es, por supuesto, reduccionista. Se ignora, por ejemplo, que en la mayoría de los casos latinoamericanos, la URSS no tuvo un rol directo en el expansionismo revolucionario (la influencia de Fidel Castro es más significativa). Además, esta imagen desatiende factores internos como pobreza, injusticia, desigualdades, y represión, que han alimentado legítimamente reivindicaciones sociopolíticas en la región. En fin, desconoce que movimientos revolucionarios de izquierda iniciaron guerras contra gobiernos de centro-izquierda elegidos democráticamente, como lo hizo Sendero Luminoso en el Perú. Es decir, cada actor armado en América Latina es particular, y en ese sentido, los actores armados colombianos no son la excepción.

Las FARC no fueron, al menos en sus inicios, una guerrilla ideológica con un universo conceptual claro y un proyecto alterno de sociedad. Al contrario, son el prototipo de la guerrilla campesina que nace como grupo de autodefensa, y cuyo ideario ideológico es definido por primera vez en los años 1970s. Además, las FARC nunca recibieron grandes sumas de dinero de patronos externos, sino que desde un inicio financian su esfuerzo de guerra de manera interna, principalmente por medio de la extorsión, los secuestros, y el pago de peajes o cuotas. El conflicto en Colombia es entonces “diferente”, pues no obedeció a factores geopolíticos internacionales. Además, el esfuerzo revolucionario nunca se hizo en contra de una dictadura, sino más bien contra el Frente Nacional, un régimen que si bien no era democrático en el sentido liberal del término, tampoco cuadraba con el autoritarismo tradicional latinoamericano. Y a partir de 1991, la lucha fue contra lo que muchos expertos coinciden en definir como una democracia representativa.

La transformación del conflicto armado colombiano a través del tiempo

La violencia política en Colombia solo se entiende si se enmarca en un contexto histórico que, para los efectos de este ensayo, ubicaré en el periodo conocido como “La Violencia”, una guerra civil entre los partidos Liberal y Conservador que se desata oficialmente en abril de 1948, con el homicidio del José Eliecer Gaitán (líder del Partido Liberal para las elecciones de 1949). Asesinatos, agresiones, persecuciones, y otros, son parte de ese marco de violencia perpetrado por paramilitares, reclutados por los conservadores, para defender el gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-50) ante la inestabilidad creada por “el Bogotazo” (turbas populares generadas por el asesinato de Gaitán). Para poner fin a “La Violencia”, liberales y conservadores acuerdan en 1956 la creación del “Frente Nacional” (el cual entra en vigencia en 1958), un pacto que distribuye equitativamente los puestos administrativos estatales entre ambos partidos (Poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial) y determina previamente los resultados electorales (alternancia entre los dos partidos tradicionales) durante 16 años (1958-76). El acuerdo permitió poner fin al único gobierno que ha llegado al poder en Colombia por medio de Golpe de Estado en el siglo XX, el del General Gustavo Rojas Pinilla (1953-57), respetando la despolitización de la policía por él iniciada y la desmovilización de algunas de las guerrillas liberales activadas durante “La Violencia”. Pero el pacto también generó resistencia.

En 1962, el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-66) atacó una de las “Repúblicas Independientes” (que no reconocían la autoridad estatal), bajo control de una comunidad de campesinos que se habían negado a entregar las armas, y que se habían refugiado en esa zona para escapar del acoso de las autoridades. Este es el inicio de ataques destinados a “pacificar” el país y a extender el imperio de la ley del Estado colombiano en su territorio. En 1964, estos grupos se reagruparon en el denominado “Bloque Sur”, y en 1966 se convirtieron en las FARC. Un origen igualmente contestatario ante el Frente Nacional tiene el Movimiento 19 de Abril (M-19), una guerrilla urbana que se levantó en 1974 ante el “fraude electoral” cometido en 1970 sobre el General Rojas Pinilla (candidato presidencial que perdió frente al del Frente Nacional). Comunidades indígenas también se armaron en 1984 para defenderse de los ataques de militares, terratenientes, Gobierno, y otros grupos, creando el Movimiento Armado Quintín Lamé (MAQL). Orígenes más ideológicos tienen el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo fundado en enero de 1965 por sacerdotes armados (Teología de la Liberación) y estudiantes universitarios recién llegados de Cuba (adeptos al “foquismo” del Che), y el Ejército Popular de Liberación (EPL), una guerrilla originalmente maoísta, fundada en julio de 1967, que en 1975 viró hacia la línea marxista-leninista. Pero estos modelos “socialistas” sirvieron, en el mejor de los casos, tan solo como marcos de referencia.

Sin el afán de adentrarnos en la minucia de las diferencias ideológicas de las guerrillas, deseo destacar que otros fenómenos de igual importancia para explicar la violencia en Colombia han quedado por fuera de este análisis, como lo son el financiamiento, por parte de las élites agrarias (con el entrenamiento del Ejército), de grupos de autodefensas (o paramilitares), y el surgimiento de una élite económica rural ligada al florecimiento del narcotráfico (que luego se reagrupó en los Carteles de Medellín y de Cali). La conjunción de todos estos factores hacen que la década 1980 sea especialmente violenta en Colombia, con cinco grupos guerrilleros activos luchando contra el Estado (en esa época el país se gana la reputación de ser un “laboratorio guerrillero”), paramilitares atacando a las guerrillas, y dos carteles de droga luchando entre sí, contra el Estado, y contra las guerrillas. El clímax de este cuadro se alcanzó a finales de la década, cuando cuatro aspirantes presidenciales, Jaime Pardo Leal (Partido Unión Patriótica), Bernardo Jaramillo Ossa (sustituto de Pardo Leal), Luis Carlos Galán (Partido Liberal), y Carlos Pizarro Leongómez (Alianza Democrática M-19) son asesinados. Colombia está al borde del colapso, y probablemente en parte gracias a ello, se abre una oportunidad para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que permite, entre otros, eliminar los rezagos del Frente Nacional.

Procesos de Paz de Colombia (primera parte)

Durante esta primera fase del conflicto armado (1962-90), se llevan a cabo dos procesos de paz. El primero, liderado por el Presidente Belisario Betancur (1982-86) es severamente criticado, pues se señala que consistió en un cese al fuego sin punto de llegada. Fue como detener el enfrentamiento armado en la teoría (lo cual además no sucedió en la práctica), sin discutir los términos de la paz. El proceso, que se alarga por tres años, termina abruptamente en 1985, con la trágicamente recordada toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. El ejército contraataca y produce un baño de sangre en donde mueren 98 personas, entre ellos once magistrados. El segundo proceso tuvo lugar durante el Gobierno de Virgilio Barco (1986-90), y produjo la desmovilización de tres movimientos guerrilleros. El M-19 firmó un acuerdo de paz el 26 de abril de 1990, el EPL lo hizo el 16 de mayo (una parte del grupo rehusó a desmovilizarse), y en mayo de 1991, se pacta con el MAQL. Se aprobó, con participación de los exguerrilleros desmovilizados, la nueva constitución política, que entró en vigencia en 1991. Pero el ELN y las FARC-EP no participaron. Conversaciones adicionales entre estos dos grupos y el Gobierno de César Gaviria (1990-94), tuvieron lugar en Caracas (Venezuela) y en Tlaxcala (México) en 1991 y 1992. El ELN se fragmentó y un acuerdo de paz con un sector del mismo, la denominada “Corriente Renovación Socialista” es alcanzado el 9 de abril de 1994.

Dos son los elementos que deseo rescatar aquí. Por un lado, las FARC-EP y el ELN, las guerrillas más antiguas de Colombia, han siempre sido reacias a negociar. De ahí el valor del acuerdo recientemente alcanzado en la Habana. Por el otro, el conflicto armado colombiano entra a inicios de los años 1990 en una segunda fase. Los paramilitares crecerán y fundarán las “Autodefensas Unidas de Colombia”; las FARC-EP entran en un nuevo proceso de expansión vinculado a su incursión en la economía del narcotráfico (al menos eso es lo que la “historia oficial” reza), y el ELN, junto a los rezagos del EPL, continúan en actividad. Se trata de un contexto de “paz fragmentada”, es decir de un marco en donde se logró el tan ansiado cese al fuego definitivo con tres guerrillas menores, pero en donde los dos grupos revolucionarios históricamente más importantes de Colombia, el ELN, y las FARC-EP, se levantaron más fuerte que nunca. A este nuevo marco es al que le dedicaré mi atención en la próxima entrega de esta columna.

 

Ciudad de México (México), Julio de 2016

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EL TRATADO DE COMERCIO DE ARMAS CONVENCIONALES

El Tratado de Comercio de Armas (o Arms Trade Treaty, ATT) es un acuerdo internacional que entró en vigencia en diciembre de 2014, y que busca regular el comercio internacional ilegal de armas convencionales a escala planetaria. El objetivo del acuerdo es evitar el trasiego de “armas pequeñas”, es decir de revólveres, rifles, carabinas, fusiles de asalto, etc., de minas terrestres y marítimas, y de todas las armas que no son de destrucción masiva. Las bombas (y las bombas de racimo), los cohetes, y todo tipo de misil, pueden entonces ser considerados como “armas ligeras”, siempre y cuando no lleven, por supuesto, ojivas biológicas, nucleares o químicas.

Criticado por unos treinta Estados que siguen reclamando, con un anacrónico discurso antiglobalización, la primacía de su soberanía en el sistema internacional sobre la de los tratados internacionales (de seguro como excusa para proteger intereses ligados a la compra de armas) y por diversos actores sociales de derecha, que ven en él una amenaza a la libertad a la autodefensa–esto sucede sobre todo en los Estados Unidos (p.ej. la National Rifle Association) pues en América Latina los grupos sociales más bien presentan el tema como una cuestión humanitaria–el ATT merece nuestra atención. No solo los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) señalan que al menos el 41% de los crímenes que se cometieron en el 2013 fueron perpetrados con armas pequeñas, sino que América Latina y el Caribe sigue siendo la zona más insegura del mundo. En 2015 once de los veinte países más violentos del orbe se encontraban en América Latina y el Caribe: Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Colombia, y Trinidad y Tobago son más inseguros que República Democrática del Congo (RDC); Ruanda es más seguro que Brasil, y la violencia letal en México es más alta que la de Nigeria, Guinea Ecuatorial, Botsuana, y Namibia. Debe entonces ser de nuestro interés conocer, investigar, y darle seguimiento a cualquier iniciativa que, de una forma u otra, pueda contribuir a poner freno a la inseguridad que viven los ciudadanos latinoamericanos y caribeños.

De la institucionalización del régimen de regulación del comercio de armas

Desde los años 1990s, sectores sociales en diversas partes del mundo se movilizaron para denunciar la existencia de un comercio internacional no regulado de armas. El tema saltó a las prioridades en la agenda internacional porque el fin de la guerra fría marcó el término del “equilibrio del terror”, aquella “estabilidad” resultante de la amenaza de un cataclismo mayor (en caso de que alguna de las superpotencias accionara el gatillo nuclear). La prioridad en términos de seguridad pasó entonces a cuestiones de desarme y de control nuclear. Algunos expertos podrán indicar, no sin razón, que la popularización del paradigma de la “seguritización”, según el cual la seguridad debe ser entendida como una construcción social y una disputa política (ver, por ejemplo, Carla Álvarez Velazco, 2016), explica el aumento de interés en el control de armas convencionales. Pero lo cierto es que objetivamente se registró a partir de los años 1990 un aumento en las muertes por homicidio en la mayoría de países en vías de desarrollo.

En 1997, premios Nobel de la paz como Oscar Arias, Elie Wiesel, Jody Williams, el Dalai Lama, y José Ramos-Horta, apoyados por organizaciones como Amnistía Internacional, presentaron la idea de establecer estándares éticos para el comercio de armas. En 2001 se adoptó una iniciativa (voluntaria), por parte de la United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms, llamada “Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects” (PoA) y en 2007 se creó un grupo de expertos para elaborar un reporte de factibilidad que llevó a la aprobación, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 2 de abril de 2013, del ATT. Al respecto, hay que señalar que este instrumento legal debe apenas ser considerado un primer paso en la larga reglamentación del comercio de armas, pues claramente no interfiere en el comercio de armas a lo interno de los Estados, y no reglamenta nada en torno al derecho ciudadano a portar armas. Tampoco prohíbe la exportación de tipos específicos de armas ni cuestiona regulaciones nacionales existentes. El tratado solo obliga a sus signatarios a monitorear el movimiento del comercio de armas, para asegurarse que se respeten los embargos existentes y que las armas comerciadas no terminen en manos equivocadas.

Tres retos de la cooperación interamericana en la materia

Es claro que cualquier intento por regular el comercio de armas convencionales se enfrentará a poderosos intereses económicos de las industrias de los países exportadores más importantes, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, y Rusia). Pero más allá de lo obvio, desearía resaltar que en la actualidad, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, Surinam, todos países firmantes, no han ratificado el tratado. Dos países, Nicaragua y Venezuela, ni siquiera aparecen como signatarios. Un primer reto para América Latina y el Caribe consiste entonces en asegurarse que el conjunto de países firmen y ratifiquen el tratado, a pesar de las presiones económicas nacionales e internacionales que pueden existir para debilitar su implementación.

En segundo lugar, se deben fortalecer los diferentes escenarios de cooperación regional y sub-regional, desde la ONU hasta la Organización de los Estados Americanos (OEA), pasando por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), y la Comunicad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Así como en otras épocas se denunció la “condicionalidad cruzada” al referir a los requisitos bancarios exigidos por diversos organismos internacionales para otorgar préstamos a los países aquejados por la crisis económica de los años 1980s, ojalá podamos pronto referir a la “cooperación cruzada” para señalar redes horizontales de cooperación transnacional. Y para evitar escaramuzas políticas, tal vez lo mejor sea privilegiar la cooperación técnica. Al fin y al cabo, deben existir estrategias consistentes, objetivas, y no-discriminatorias que aseguren la vigencia del tratado. Las partes deben establecer y mantener sistemas nacionales de control para generar datos comparables con otros Estados, no solo por transparencia–las listas nacionales son remitidas y compartidas con las otras partes–sino también para permitir evaluar el avance en su  cumplimiento. Deben también designar un punto nacional de contacto para compartir información, y considerar medidas de reforzamiento de la confianza para reducir los riesgos a la paz y a la seguridad internacionales y, finalmente, tomar medidas para que las armas comerciadas no sean desviadas. Los escenarios multilaterales antes mencionados pueden, en su conjunto, ayudar a establecer y a implementar criterios técnicos que permitirán alcanzar grados de eficacia de la cooperación en la materia.

En tercer lugar–y esto puede ser más complicado–se trata también de darle contenido a la declaración de la Segunda cumbre de la CELAC (2014), según la cual América Latina y el Caribe son una “zona de paz”. Ello puede toparse con dos obstáculos mayores. Por un lado, los Estados no tienen la capacidad institucional para hacer valer el imperio de la ley en todo su territorio. La ausencia estatal es más fuerte en las zonas fronterizas, alejadas de los centros urbanos y políticos. Mientras esta siga siendo la regla, seguirá el comercio ilegal floreciendo sin dificultad, no por intención de las autoridades, sino por omisión en el control de las actividades ilícitas. Este problema no será resuelto mañana, pero su complejidad no es excusa para no avanzar en una solución. Por el otro, algunos de los gobiernos actuales en la región tienen concepciones diferentes sobre cómo reforzar su seguridad. Sin buscar discutir las mutaciones recientes y el significado actual de la noción de “seguridad”, debo señalar que en abril de 2016 se anunció la adquisición a Rusia, por parte de Nicaragua, de 50 tanques de guerra T-72B, 12 sistemas de defensa antiaérea ZU-23-2, dos helicópteros Mi-17V-5, un lote de vehículos blindados, lanchas patrulleras y coheteras, y otros. El gobierno de Ortega, que maneja un discurso de paz, de lucha contra el narcotráfico y de reforzamiento de las capacidades del Ejército para la atención de desastres naturales, no ha explicado las razones y objetivos de dicha compra. Lo mismo puede ser argüido en el caso de Venezuela, que, según el Instituto de Investigaciones de Paz, ocupa el 18 lugar a nivel mundial en cuanto a países compradores de armamentos, y que habría gastado en 2015 USD 162 millones en compras de armas a China (147 millones), Estados Unidos (6 millones), Austria (5 millones) y Holanda (4 millones).

Conclusión: lo importante no es inventar la rueda, sino hacerla rodar

El comercio internacional de armas abarca tanto transferencias legales (generalmente en el marco de acuerdos gubernamentales), ilegales (si autorización gubernamental), y las que se encuentran en “zonas grises” (cuya legalidad es incierta pero su ilegalidad es dudosa). El ATT busca reglamentar un fenómeno mundial que se concentra en donde existen conflictos armados, violencia, y crimen organizado. Por ello es que América Latina y el Caribe son regiones especialmente interesadas en darle seguimiento a la implementación de este nuevo instrumento de cooperación multilateral. Hasta ahora, 85 Estados han ratificado el ATT, y 47 más están en proceso de hacerlo. Desde su entrada en vigencia, se organizó la primera conferencia de los Estados parte, que tuvo lugar en Cancún (México) del 24 al 27 de agosto de 2015. En esa reunión, se logró tomar decisiones básicas como escoger una sede para la Secretaría del tratado (Ginebra), pero no logró adoptar las plantillas de documentos necesarias para que los Estados completaran su reporte inicial de implementación en diciembre de ese año. Es decir, a los obstáculos políticos y propios a la región latinoamericana, se añaden los obstáculos técnicos propios a la implementación de nuevos regímenes de cooperación internacional. La segunda conferencia de Estados parte del tratado tendrá lugar durante el segundo semestre de 2016, y sus resultados deberán ser analizados con detalle.

Las compras de armas de Nicaragua y Venezuela son transacciones legales. Y aunque no lo fueran, estos países no aparecen como signatarios del tratado, por lo que no están sujetos a sus disposiciones. El ATT representa, sin duda, un paso en la dirección correcta, pero se trata también de un muy tímido progreso, pues la problemática relacionada a las armas de fuego no tiene que ver únicamente con las armas que son comerciadas ilegalmente–es cierto que el trasiego ilegal es un problema–sino también con aquellas que son comercializadas legalmente. Es aquí, me parece, en donde se encuentra el meollo del asunto. La lucha será entonces intensa, no solo contra las cúpulas de poder locales que pueden usar la compra de armas como un botín político, sino también contra la industria manufacturera, que gana billones anualmente. Y si se habla de construir una cultura de paz, entonces habrá también que trabajar a nivel local en cada uno de los países signatarios para forjar usos y costumbres que vayan más acorde con el espíritu de este esfuerzo de reglamentación.

New York City (Estados Unidos), Junio de 2016

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EL MANIFIESTO DE PAZ SOSTENIBLE (PARTE 1)

El lunes 14 de marzo de 2016 fundamos, en la ciudad de Monterrey, una organización no gubernamental, sin fines de lucro, cuyo nombre oficial es “Laboratorio Transnacional Paz Sostenible”. La ONG, laboratorio de investigación (Think Tank), Grupo de Defensa (Advocacy Group), y Asociación Profesional a la vez, se caracteriza por ser una iniciativa independiente, interinstitucional y multidisciplinaria, de investigación especializada en violencia colectiva y paz. En esta primera parte del “Manifiesto” de la organización, y teniendo como meta explicar los alcances del proyecto, haré hincapié en sus objetivos generales y específicos, la justificación para su existencia, y su aporte a la teoría y praxis en la resolución de conflictos.

Primero pienso, pero luego existo.

El objetivo de “Paz Sostenible” es producir y divulgar conocimiento científico (académico) y aplicado (consultorías) para mejorar la gobernanza local, nacional e internacional, favoreciendo así la consolidación de la paz. Para ello, esperamos, por un lado, producir investigación científica en temas relacionados a la paz, inscribiendo nuestra reflexión en las tendencias en los estudios comparados, internacionales, y de otros saberes de las ciencias sociales. Favorecemos el intercambio entre expertos para alimentar la innovación teórica y práctica que originen enfoques multidisciplinarios. Por otro lado, deseamos desarrollar esfuerzos en investigación aplicada, es decir en consultorías a clientes públicos y privados, no solo para generar los recursos que nos permitirán crecer, sino también para incidir en el “mundo real”. Uno de los retos de nuestra generación es ejecutar ideas que cambien el mundo en el que vivimos: diagnósticos ya tenemos de sobra; lo que hace falta es actuar, y hacerlo bien. Por ello, otra de las metas de este Laboratorio es crear convergencias interinstitucionales para que universidades, sociedad civil (empresa privada, ONGs), y el Estado, cooperen más en los temas que nos interesan, e intervengan mejor para lograr una paz sostenible. El Laboratorio nace libre de amarras institucionales y mentales; no tenemos miedo a innovar, sabemos como hacerlo, y no tenemos límites institucionales que nos lo impida,

Para cumplir con estos objetivos, es primordial desarrollar dos componentes. Primero, debemos tener un programa de publicaciones dinámico y flexible el cual incluya boletines informativos (Newsletters), revistas de divulgación destinadas al público en general, y revistas académicas indexadas a los índices especializados. Dicha diversidad va acorde con las áreas de interés y el tipo de conocimiento que nos interesa desarrollar. También deben nuestros investigadores titulares y asistentes de investigación publicar en nuestro nombre. Segundo, es primordial desarrollar un componente prescriptivo, es decir, esperamos denunciar y tomar posiciones públicas sobre los temas que nos competen, sobre todo en lo que a derechos humanos, la paz, y/o la democracia se refiere. No nos escudaremos la “neutralidad científica” para justificar ideologías asépticas o para rehuir valores a los que adherimos y que dan sentido a nuestra reflexión. ¿Para qué pensar sin existir?

Lo importante no es el qué, sino el por qué.

Hace poco menos de dos años, escribía en el marco de otro proyecto, que existía efervescencia en el campo de la resolución de conflictos, en el estudio de las causas, dinámicas y efectos de la violencia colectiva, y en su prevención, gestión, transformación, y resolución. En efecto, maestrías, doctorados, y especializaciones en temas como la asistencia humanitaria, el nacionalismo, las identidades y los estudios sobre la paz, aumentaban sin cesar, al tiempo que nuevas ONGs, laboratorios de investigación independientes o autónomos, se multiplicaban. Eso era cierto en el 2014, y lo sigue siendo hoy. ¿Entonces por qué saturar con un Laboratorio más? Para responder a esta pregunta, es necesario considerar tres elementos.

Primero, sigue siendo necesario, ahora más que nunca, apoyar la generación de perspectivas multidisciplinarias y transnacionales. La necesidad de la multidisciplinariedad es un llamado que siempre tendrá acogida, porque está de moda argumentar que la complejidad de los problemas actuales requieren de soluciones holísticas, y porque nadie se opone a la virtud, al menos públicamente. ¿Quién defendería a plena luz del día la idea que es malo que profesionales de diversos horizontes cooperen? Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y los enfoques multidisciplinarios no son tan fáciles de encontrar, por razones cuya explicación va más allá de los propósitos de este texto. Eso sí, me interesa resaltar que no hay que subestimar esta contribución ni el esfuerzo que tomará concretizarla. Segundo, es vital acercar a los sectores académicos, gubernamentales, y de la sociedad civil nacional e internacional para generar mayor coordinación (lo que se conoce usualmente con el nombre de “Gobernanza”). Y esto tampoco será fácil. No es poco común que desde la academia se vea con cierta condescendencia a algunos políticos (a veces considerados “corruptos” y/o “incapaces”), y que la sociedad civil crea que los universitarios viven en una torre de marfil, aislados de la realidad. También el gobierno puede ver a las universidades y a la sociedad civil como actores políticos–enemigos o aliados–con sus propios intereses. Además, afiliaciones partidarias atraviesan de lo nacional a lo local (el gobierno nacional es aliado u oponente de gobiernos locales, dependiendo de la configuración de los partidos en el poder), y administrativos que dirigen centros de educación superior, y que no entienden la palabra “academia”, pueden ver en otras universidades no puntos de coincidencia, sino amenazas de competencia. En síntesis, crear convergencias interinstitucionales no es tarea fácil en ninguno de los sectores con los que trabajaremos. Tercero, debemos producir simultáneamente una reflexión imparcial, integral, y balanceada, lo cual tampoco será fácil. El Laboratorio es diverso pues creemos que la riqueza está en diferentes formas de pensar. Forjar entonces una visión consensuada, o al menos mayoritaria, será una labor ardua pero necesaria. No solo nuestro rol social depende de ello sino también nuestra credibilidad. Con la diplomacia y el respeto que nuestros interlocutores se merecen, tendremos la claridad mental y la ética profesional que nos comprometen con nuestros principios, y la disposición para defender nuestros valores con los recursos intelectuales que tenemos a nuestra disposición.

Nuestra contribución.

En América Latina, a pesar de doscientos años de experiencias revolucionarias, contra-revolucionarias, de perniciosos autoritarismos (de izquierda y de derecha), de procesos de pacificación inéditos, de retóricos apoyos a los derechos humanos, y de despliegues multilaterales de mantenimiento de paz, siguen siendo escasos los estudios en resolución de conflicto. África sigue cautivando el interés de más analistas (si bien el Cercano Oriente y el Sur de Asia siguen llamando poderosamente la atención). La reflexión teórica en nuestra región escasea, y aun menos frecuente es la resultante de la experiencia práctica. Mientras tanto, países como Honduras y Guatemala siguen dando signos alarmantes de degradación de capacidades estatales. Subsisten además dependencias crónicas a la presencia externa (Haití). Aunque se vislumbra una salida al conflicto armado colombiano, el mismo sigue activo. Y las organizaciones criminales siguen extendiendo sus tentáculos a lo largo de la región, manteniéndose como actores transnacionales de primer orden.

Paz Sostenible ofrece una contribución innovadora y original. El Laboratorio está llamado a ser un puente que une, con proyectos puntuales, a académicos, sociedad civil, y gobiernos, interesados en estudiar y actuar en temas de paz. El ámbito de acción es entonces local, regional, nacional, e internacional. Se trata además de un proyecto–y esto no lo había desarrollado–que también propone una asociación profesional “tradicional”. Es decir, aceptamos membresías (pronto publicaremos las reglas de adhesión), esperamos organizar congresos, y vamos a cumplir con las típicas funciones que normalmente ejecuta una asociación profesional. Finalmente, se trata de una iniciativa que, al no tener límite geográfico, es libre de desarrollar perspectivas comparadas que saquen a relucir diferencias y similitudes de diversos casos, o internacionales, centradas en la interdependencia de los problemas del mundo globalizado de hoy. Es cierto, por estar basados en México, nos interesaremos más, al menos en este punto de arranque, en América Latina. Pero eso no sucederá en perjuicio de otras regiones o de oportunidades de crecimiento institucional generadas en la ruta. Al fin y al cabo, nuestro enfoque es “transnacional”.

Epílogo (preliminar).

Así, desearía terminar esta primera parte del Manifiesto de Paz Sostenible refiriéndome a la noción de “transnacionalismo”: un fenómeno es “transnacional” cuando, aunque suceda en espacios nacionales, trasciende las fronteras, se extiende entre varias naciones (y no necesariamente Estados), y obedece a una lógica que va más allá de lo que sucede entre las fronteras nacionales y por encima de ellas. Hay pues una diferencia entre lo transnacional, lo nacional, lo internacional, y lo supranacional. El Laboratorio Transnacional Paz Sostenible explora entonces temas relacionados a la paz viendo la integralidad del fenómeno y relacionándolo con (pero sin limitarlo a) las interacciones intra e interestatales. La paz es un fenómeno que puede y debe ser estudiado desde una perspectiva transnacional. Doy gracias, en orden alfabético, a Karina Flores, Oscar Flores, Fernando Jiménez, y Magda Robles, por aceptar aventurarse conmigo en este proyecto. También deseo reconocer el “interés desinteresado” de Alejandra Buitrón y Juan Cortés, nuestros asistentes de investigación, ambos estudiantes de la Universidad de Monterrey (UDEM), en darnos una mano para lanzar el Laboratorio.

No queda más que enrollarse las mangas y empezar a trabajar. Seamos más que expertos en construcción de paz; seamos constructores de paz. Mayor información sobre el laboratorio es accesible en nuestro sitio web y por la página Facebook. Es posible también escribirnos a: info@pazsostenible.org

Ciudad de México (México), abril de 2016

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